General Pico (Agencia) – Se realizó en Tribunales la audiencia 308, última instancia judicial previa al juicio oral y público, en el marco de la causa por “malversación de fondos” al ex intendente de Caleufú, Celestino Irrazabal, la ex vice intendenta, Susana Martín, y el ex tesorero, José Luis Cisneros. Fueron denunciados por desviar fondos específicos destinados a productores rurales de la zona.

La audiencia judicial fue presidida por el juez Florentino Rubio, con la participación del Fiscal General, Armando Agüero, y el abogado defensor Sebastián País Rojo, quien comparte estudio jurídico en Santa Rosa con quien fuera el primer letrado que representó a los acusados, Francisco Marull.

La causa se inició a principios del año 2012 en manos de los ex fiscales Carlos Salinas y Maximiliano Boga Doyenhard, luego que asumiera como intendente Oscar Baras, y realizara un arqueo de caja que determinó el faltante de al menos 400 mil pesos.

Se investiga el desvío de fondos enviados por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia por sequía que en ese tiempo afectaba la zona. Según se denunció, y así lo entiende la Fiscalía, se trataba de fondos rotativos que el Municipio debía prestar a los productores rurales en emergencia que, una vez que los beneficiarios al año siguiente devolvieran ese dinero, debían reinvertirse en otros chacareros para mejorar la actividad agroganadera de la zona.

Ese dinero no se robó de las arcas municipales. Lo que sucedió fue que, una vez que los productores devolvieron –en el año 2011- esos fondos, Irrazabal y su equipo decidieron gastarlo en gastos corrientes del Municipio, afectando así el destino específico que tenían esos 400 mil pesos.

La auditoría de realizada por la nueva gestión en Caleufú encontró en las arcas municipales 400 pesos, cuando en realidad tenía que haber al menos 400 mil del fondo rotativo.

Los funcionarios acusados, a través de sus representantes legales, durante los años de investigación sostuvieron que ellos tenían la facultad de disponer libremente de esos fondos, una vez recuperados, bajo la justificación que la sequía había sido superada.

La Fiscalía mientras tanto tratará de probar que Irrazabal, Martín y Cisneros afectaron el destino y la función de ese fondo rotativo, impidiéndole a otros productores acceder a préstamos a tasa subsidiada.

El pasado miércoles se realizó la audiencia 308, última instancia judicial previa al juicio oral y público. En dicha audiencia, la Defensa solicitó una ampliación de una pericia contable, trámite administrativo que demoraría la fecha de juicio oral hasta fines del año en curso.

Los abogados defensores buscan con esta pericia demostrar en qué medida el Gobierno Provincial pudo haber reconstruido ese fondo de 400 mil pesos con aportes no reintegrables, para aliviar así la acusación que pesa sobre sus defendidos.

La figura “malversación de fondos” prevé como pena solo la inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en caso de demostrarse que el desvío de fondos afectó la prestación de un servicio determinado, como la Fiscalía cree que sucedió en este caso, los eventuales condenados tendrían además que pagar una multa que va del 20 al 50% de los recursos denunciados.