El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que se encuentra en Bolivia participando del encuentro del ZICOSUR, se refirió al operativo ilegal que llevó adelante la Policía provincial -que responde a sus órdenes- en la Facultad de Ciencias Agrarias y dispuso la separación de los responsables. También prometió que llegará "al fondo del tema".

A través de las redes sociales, Morales resumió su parecer sobre la detención y agresión de los estudiantes por parte de oficiales de la policía, ocurrida el miércoles por la noche en San Salvador de Jujuy.

“Nunca, desde que militaba en Franja Morada, ingresó la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno", dijo Morales.

"La solidaridad activa desde mi gobierno para reparar el daño producido por el accionar policial. Mis disculpas a los compañeros detenidos", agregó.

Aunque no reconoció que fue ilegal, tildó de "vergonzosa" la incursión policial: “llegaré hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía en facultad de Agrarias”.

“Desde Tarija repudio la incursión de la Policía en la facultad de Agrarias. Dispuse la separación de los responsables. Llegaré al fondo del tema”, finalizó.

La intrusión ilegal de la policía en la Universidad de Jujuy, que culminó con la detención irregular de dos estudiantes que ahora además denuncian haber sido golpeados y maltratados, despertó el repudio unánime de toda la comunidad educativa en la Argentina.

El gobierno radical de Gerardo Morales intentó relativizar el episodio asegurando que las detenciones se realizaron en la calle, pero la propia Universidad desmintió esa versión, denunció el hecho y condenó la actuación de las fuerzas de seguridad que ingresaron en la casa de estudios, contraviniendo los principios de autonomía universitaria que la UCR llevó como bandera durante buena parte de su historia.

Esta nueva "Noche de los Bastones Largos" se suma a la prisión irregular por motivos políticos de Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac Amaru desde hace más de un año; hay preocupación en varios sectores políticos de la oposición por la salud de la democracia en esa provincia, señala un artículo de Nicolás Llantos en Página/12.

La policía acudió a la Facultad de Ciencias Agrarias por quejas por “ruidos molestos” por parte de los vecinos, según la versión oficial difundida ayer en un comunicado de la Secretaría de Seguridad.

“Alrededor de la 1 de la madrugada, el personal se dirigió al lugar indicado, donde se advirtió inmediatamente que se llevaba adelante una fiesta con música a alto volumen y una numerosa cantidad de personas en el lugar, además pudieron constatar que no contaban con ningún permiso para su realización y se observó ingesta excesiva de bebidas alcohólicas”. Por “infracción al Artículo 30, inciso 1º de la Ley 5.955, la cual prohíbe la organización de bailes sin habilitación”, fueron detenidos en la calle “dos hombres de 20 y 28 años, que presentaban signos de ingesta de bebidas alcohólicas” y que, luego de ser examinados por el médico de la Policía y debidamente identificados, fueron puestos en libertad en las primeras horas de la mañana de hoy”.

Sin embargo esta versión de los hechos fue rápidamente desmentida por las autoridades de la Universidad de Jujuy: “La actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias”, comienza el texto que denuncia que “el operativo realizado fue a todas luces ilegal pues no respetó lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina” que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Además agrega que “la actitud de la fuerza policial fue un claro atropello a toda la comunidad académica de la Universidad”.

El comunicado también denuncia “el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente”. Uno de ellos, Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, fue “ahorcado” y luego dejado “a la intemperie” durante varias horas hasta que fue liberado, según detalló el Mario Bonillo, decano de la facultad. El otro estudiante que fue puesto en custodia, Ignacio García, también sufrió maltratos. “No se llevaron más detenidos porque los chicos se refugiaron dentro de autos”, detalló Bonillo, que fue quien se presentó en la comisaría para exigir la libertad de los dos muchachos, cuya detención, hasta ese momento, no había sido ingresada en el sistema, por lo que es denunciada como ilegal. Los jóvenes tampoco pudieron ver al abogado que se presentó en el lugar para representarlos. A pesar de las justificaciones del gobierno jujeño, el oficial que estuvo a cargo del operativo, cuyo nombre no trascendió, fue apartado de su cargo.

“Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle, que existió un operativo desmedido y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente”, agrega el comunicado de la Universidad, firmado por el rector Rodolfo Tecchi, el decano Bonillo y sus pares de las otras facultades de esa casa de estudios. “Las adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en todo el país y América Latina confirman la gravedad de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan instalar la idea de “simple controversia” o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios”, concluye el texto. Otras universidades de todo el país y organismos de derechos humanos se sumaron al repudio.

Los acontecimientos de Jujuy tuvieron eco en todo el país, remarca Página/12. Ayer por la tarde, en la Escuela Itinerante montada frente al Congreso, hubo una conferencia de prensa donde referentes de los distintos gremios de educadores manifestaron su solidaridad. El secretario general de Conadu, Carlos De Feo, advirtió allí que “no es casual que esta represión se haya dado en la provincia de Jujuy, que tiene los primeros presos políticos de esta Argentina”. Además, insistió, “se actuó sin justificación y violando leyes que protegen a las universidades, persiguen universitarios lanzado tiros al aire en una provincia que día a día va violando las leyes con presos políticos como Milagro Sala”. Junto a él se encontraban Eduardo López (UTE), Roberto Baradel (Suteba) y Sonia Alesso (Ctera), entre otros referentes.

El estado de situación de los derechos humanos en Jujuy preocupa a la oposición. Ayer el presidente del PJ, José Luis Gioja, manifestó que el gobernador Morales “le puso una mancha negra al radicalismo porque acaba de tirar por la borda toda la lucha de los ideólogos de su partido, que en 1918 lograron la Autonomía Universitaria” y calificó el episodio como un “avasallamiento que retrotrae a períodos pre-reformistas o a la misma Noche de los Bastones Largos”. Por su parte, el bloque de diputados del FpV-PJ se refirió a los hechos en términos similares y denunciaron que “Morales y el presidente Macri parecen sintonizar la misma frecuencia” porque “tienen problemas con los educadores y los estudiantes de la escuela y la universidad pública”. Para la bancada que preside Héctor Recalde, “Macri sigue obcecado en estigmatizar y perseguir a los gremios docentes, antes que dialogar y llegar a un acuerdo salarial” y por eso “privilegia la represión y las prácticas intolerantes por encima del bienestar general”. Fuente El Diario