Durante 2014 murieron más de 6.000 personas por accidentes de tránsito en la Argentina, a razón de 22 por día o 657 mensuales.

Los medios de comunicación informan sobre los accidentes; los familiares de las víctimas sufren por la pérdida de sus seres queridos; todos hablan de imprudencia, de fallas humanas, de la necesidad de tomar conciencia; algunas organizaciones realizan campañas.

El circuito se repite caso tras caso, y todo sigue igual.

Muchos se preguntarán a esta altura de mi comentario: ¿qué tiene que ver todo esto con la temática de defensa del usuario y el consumidor? La escandalosa cifra de muertes por accidentes de tránsito en nuestro país es una de las aristas, uno de los tantos abordajes posibles del polémico sistema de peajes vigente desde 1990.

Algunos sostienen que es absurdo, o por lo menos exagerado, plantear una relación entre muertes por accidentes de tránsito y sistema de peajes. Para otros, ese vínculo es estrecho.

Más aún, forma parte de la definición misma del régimen de peajes con cabinas de cobro que nos legó Carlos Menem y que ningún gobierno posterior modificó.

'Ilegal, inconstitucional, inaplicable, discriminatorio y perverso'. Así define Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), al sistema de peajes que rige en todas las rutas nacionales y en varias provinciales.

Profundo conocedor del tema, explica con rigurosidad cada punto de su definición.

Es ilegal porque las tarifas violan las leyes de peaje vigentes; inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago (salvo en algunos accesos); inaplicable porque la baja densidad de tránsito en algunas rutas hace que la recaudación sólo alcance para financiar el costo de las garitas; discriminatorio por la desigualdad entre categorías; y perverso porque el mal estado de los caminos causa muchas muertes. (En numerosas crónicas periodísticas sobre accidentes se menciona la mala señalización y la insuficiente iluminación de muchas rutas, entre otras falencias).

Pero hay aspectos menos dramáticos aunque importantes que tienen que ver con el tema y con la definición de Lasca.

El fondo de la cuestión está vinculado a la relación costo-beneficio que debe existir entre lo que el usuario paga y el servicio que recibe de parte del concesionario, y que debería traducirse en buenas rutas que ahorren combustible, rodados y tiempo.

Según la ley 17.520 (para rutas nacionales) y el decreto 9254 (para rutas de la provincia de Buenos Aires), las tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido.

Es decir, que el cobro del peaje es una contraprestación por un ahorro real que realiza el usuario y la tarifa en ningún caso debe superar el valor de ese ahorro.

Pero la realidad contradice este principio, ya que, como no se mejoran las rutas, los usuarios en lugar de ahorrar gastan más, por el deterioro de los neumáticos y el mayor consumo de combustible.

De esta forma, el peaje actúa como un nuevo impuesto al tránsito.

Además, hay que destacar que se recaudan más de 14 mil millones de pesos anuales en concepto de impuestos a los combustibles.

Y algunos especialistas proponen destinar una parte de esos recursos al mejoramiento de las rutas y eliminar las cabinas de cobro.

Existen alternativas al sistema de peaje vigente, casi inédito en el mundo: peaje indirecto, sin cabinas, que se financia mediante los impuestos; el sistema CREMA (construir, reparar y mantener); el COT (construir, operar y transferir).

Hay muchas miradas posibles.

Cada uno puede hacer su propuesta. Lo que no podemos, en este tema como en tantos otros, es seguir mirando para otro lado.i