Los hechos habrían ocurrido en 2017 y consistieron en la dispensa de medicamentos e insumos en farmacias de casi todo el país mediante datos de más de 800 personas que habían sido dadas de baja como beneficiarias por su fallecimiento.
La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, realizó el viernes 36 denuncias en La Pampa y otras 34 jurisdicciones de todo el país por una millonaria estafa con valores que al momento del relevamiento alcanzaría un perjuicio al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) superior a los cinco millones de pesos.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, «las maniobras habrían acontecido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017 en diferentes localidades del país, a través de la dispensa en farmacias de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, mediante la utilización de datos correspondientes a 811 afiliados que se encontraban dados de bajas como beneficiarios del Inssjp».

La maniobra.
En la denuncia presentada por la la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ante la UFI-PAMI, se detalló que luego de un relevamiento llevado a cabo por la Subgerencia de Auditoria de Medicamentos, de los afiliados a la Obra Social Nacional que fueron dados de baja en razón de su deceso durante el 2017, se encontró que 811 de ellos presentaron consumos con posterioridad a la fecha del fallecimiento.
«La maniobra consistió en realizar o simular dispensas por un total de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, utilizando los datos de beneficiarios que estaban dados de baja en el padrón de PAMI por fallecimiento, para obtener un beneficio a costa del Instituto. Fue así que se confirmó un fraude por un total superior a $ 5.300.000», señalaron.
Si bien el mecanismo fue desplegado a lo largo de todo el país, la unidad fiscal señaló que entre las provincias de Cordoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense se agrupa el 47.74% de esos consumos (7057), llevados a cabo durante el 2017. Las dispensas ocurrieron en 758 farmacias repartidas en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luís, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz.

¿Connivencia?
El circuito de las recetas médicas incluye a médicos, farmacias y PAMI. Para que este último organismo pague las prestaciones, es necesaria la presentación de la receta que confirma que el medicamento se dispensó.
Según pudo saber LA ARENA, el sistema de expendio de medicamentos funciona de la siguiente manera: el médico de cabecera es el que prescribe los medicamentos a nombre de un afiliado o afiliada, que luego se dirige a una farmacia y lo retira.
Para facturar esta prestación, las farmacias lo hacen a través de la Federación Farmacéutica (Fefara), que luego le cobra a PAMI. «La investigación está dada porque han prestado servicios o han consumido afiliados o afiliadas que estaban muertos», comentaron fuentes consultadas y señalaron que «para que esa receta llegue a la farmacia, tiene que haber sido prescrita por un médico».
Esto es uno de los aspectos que deberán investigarse, debido a que podría existir cierta «connivencia» entre médicos y farmacias. Esto se debe a que si un médico indica un medicamento a un paciente que no está presente, tiene que verificar su condición. Sin embargo, también podría tratarse de un familiar de un afiliado fallecido que continúa usando la obra social.

Receta manual.
Otro dato que es preciso tener en cuenta es que en 2017, cuando presuntamente ocurrieron los hechos, aún no se había implementado la receta electrónica. En ese entonces se utilizaba un sistema donde se imprimía la receta para el o la afiliada, o podía escribirse de manera manual. Esto hacía más factible cometer el delito.
En caso de ser así, el problema se originaba en la farmacia, debido a que si lo dispensa necesita de ciertos requisitos para luego facturarlo a PAMI, entre ellos contar con la receta, el troquel del medicamento y la firma del afiliado. Por estos motivos, tampoco debería descartarse que se hayan falsificado firmas.
Sin embargo, por el momento todo es materia de investigación y será la justicia la que se encargue de determinar cómo se consumó la estafa. En La Pampa, esto estará a cargo de la fiscal Federal Iara Silvestre. Fuente La Arena