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POLICIALES

31 de julio de 2018

Procesaron al exintendente Bravo por el delito de trata

La jueza federal subrogante de Santa Rosa, María Gabriela Marrón, procesó al exintendente de 25 de Mayo

La jueza federal subrogante de Santa Rosa, María Gabriela Marrón, procesó al exintendente de 25 de Mayo, David Bravo (Movimiento Veinticinqueño, vinculado al peronismo), por el delito de trata de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber permitido el funcionamiento de un prostíbulo. Además, procesó a la dueña del local, Nurys Antonia Caraballo Castillo, por el delito de trata, y a los comisarios retirados Héctor Daniel Rosane y Miguel Ángel Oyarse por encubrimiento agravado.

Fuentes del Juzgado Federal dijeron a Diario Textual que la resolución con los procesamientos fue firmada ayer por la jueza. Los imputados fueron notificados hoy. 

Bravo ya tiene una condena firme de la Justicia provincial por haber habilitado con irregularidades otro prostíbulo, El Rancho, propiedad de Javier Ullrich. Ahora se sumó un procesamiento, pero por trata, de parte de la Justicia Federal por el funcionamiento del localVenus y que luego, se convirtió en Resto bar Karibian. Estos dos fueron propiedad de Nurys Caraballo. Ella ahora fue procesada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia.

Esta causa se inició a partir de una denuncia anónima en la Dirección Nacional de Migraciones de La Pampa, en la que revelaron la existencia de una joven dominicana que estaba ejerciendo su tarea contra su voluntad. Eso derivó en un allanamiento a Venus realizado el 16 de diciembre de 2011, en el que se constató la presencia de diez mujeres, nueve dominicanas y una argentina. 

Bravo, así, se sumó a una lista de intendentes que están imputados por sus vínculos con los proxenetas. Uno de ellos es el actual jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers (PJ), quien ya fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ser partícipe necesario de trata: lo condenaron por proteger el funcionamiento del prostíbulo Good Night. “Ese lugar era de contención. Muchas personas que están solas, lejos de sus casas, buscaban pasar un rato de esparcimiento”, llegó a decir antes de ser juzgado. Sigue en el cargo porque aún la condena no está firme.

A su vez, el intendente de Macachín, Jorge Cabak (PJ), está procesado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber habilitado otro local nocturno. En una segunda instancia de apelación, los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca lo desligaron del delito más grave: el de partícipe necesario del delito de trata, con el que el juez de primera instancia lo había acusado. Ese local era La Chicha Show, que funcionó  hasta 2011 y donde se han realizado hasta excavaciones porque se ha sospechado de asesinatos de mujeres. Allí, incluso, Susana Trimarco buscó a Marita Verón. Fuente Textual

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