La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó a sus miembros el informe de la Comisión de Libertad de Prensa, cuyas conclusiones mencionan una "nueva esperanza" y el "fin de la confrontación" tras el cambio de gobierno, luego de "haber dejado atrás la etapa más oscura del periodismo independiente desde 1983", en la cual existió, según la entidad, un "plan sistemático para destruirlo".

En la 160° Junta de Directores de Adepa, que se realizó en la localidad bonaerense de Coronel Suárez y de la que participó ayer en su apertura la gobernadora María Eugenia Vidal, se leyó el documento de la comisión presidida por Carlos Jornet, titulado "En camino a una libertad sin represalias".

Una severa síntesis de algunas de las medidas y decisiones del gobierno kirchnerista fueron traídas a colación para ejemplificar lo que Adepa consideró parte de un "plan superior para abortar toda expresión de disidencia, para consagrar un discurso único bajo un barniz de libertad de expresión, y descalificar así todo intento de investigar al poder".

La multiplicación de "las trabas para acceder a la información pública", la ausencia de conferencias de prensa y de "políticas de protección para el trabajo periodístico" generaron "dos principales daños al periodismo: la instauración de la cultura de descalificación permanente a la tarea de la prensa" y "el dispendio discrecional de recursos que permitió montar un aparato comunicacional sometido al poder político, en su gran mayoría con audiencias raquíticas".

Esa problemática, que según la entidad "llevará tiempo corregir por el efecto residual de las presiones y persecuciones a medios de comunicación, sus directivos y personal", tiene su correlato actual con el "desguace de este sistema paraestatal" de medios con un "fenomenal desorden administrativo", incluso "antes de que asumieran las nuevas autoridades".

Y en "los medios públicos se destinaron fuertes asignaciones presupuestarias que permitieron mejorar equipamientos, pero que también financiaron un denigrante uso de las frecuencias del Estado para ponerlas al servicio de la ideología gobernante", a la que "se plegaron productores y conductores" que abandonaron "todo pluralismo"; con el objetivo de "debilitar" a los medios que "no se sometían al 'relato' oficial".

El nuevo gobierno, según Adepa, tiene como "principal desafío" con la prensa "restablecer un marco de libertad plena y sana competencia para el ejercicio de la actividad" y, aunque consideraron "prematuro realizar una evaluación" de la administración actual, "las medidas adoptadas para el sector van en buena dirección".

Entre ellas destacaron la "reinstauración de las conferencias de prensa oficiales; el anuncio de que no habrá una política de confrontación desde el Estado contra el periodismo independiente; y el compromiso de no utilizar nunca más organismos de control y servicios de inteligencia para intimidar y espiar a periodistas y empresas de comunicación", entre otras medidas, como la revisión del otorgamiento de pauta oficial.

Es que, en rigor, entre el gobierno anterior y Adepa no había diálogo alguno según comentaron fuentes de la entidad a Télam; situación que cambió rotundamente con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia quien, a cinco días de haber asumido asistió a la Cena de Fin de Año; y ayer hizo lo propio Vidal en Coronel Suárez, dos gestos políticos de la nueva administración que muestran un acercamiento con la entidad que nuclea a los directores de diarios del país.

Incluso, desde el mes de enero, existen conversaciones entre miembros de Adepa y de la Secretaría de Comunicación Pública, en donde se comenzaron a tratar las cuestiones mencionadas en el documento de la Comisión de Libertad de Prensa, fundamentalmente las referidas al otorgamiento de pauta oficial.

El "protocolo antipiquetes" del Ministerio de Seguridad también fue tema de conversación entre los funcionarios de comunicación de la cartera conducida por Patricia Bullrich y Adepa, entidad que consideró que la cláusula que refiere a la labor de los periodistas "puede condicionar la actividad de prensa al informar sobre manifestaciones en la vía pública".

Por ello, y tras recordar una serie de ataques sufridos por periodistas el año pasado, en el documento se "exhortó a seguir trabajando en el diseño de medidas que logren un equilibro entre la preservación de la libertad de expresión y la necesidad de brindar efectiva protección a quienes trabajan para informar a la sociedad".

El documento finaliza con la mención a la "decisión oficial de apostar al diálogo y a la convivencia", y "los anuncios de que se buscará garantizar un pluralismo real y la plena libertad de expresión", que son "aportes significativos para una labor periodística libre; una libertad sin censuras" y "también sin represalias".