Guillermo D. Rueda / [email protected]

   La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su icónico índice trimestral, en el cual se mide la participación del Estado en la renta agrícola.

   El estudio marcó que los impuestos representan el 59,2 % de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. En el último informe (junio, julio y agosto) se había registrado una carga del 62 %.

   “En otras palabras, de cada 100 pesos que genera el productor, $ 59,2 quedan para los distintos niveles de gobierno”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

  El informe realiza la medición nacional, haciendo un promedio ponderado de cultivos, y también lo analiza para cada grano.

   En esta medición se conoció que la participación del Estado en soja es del 64,6 %; en maíz, del 49,7 %; en trigo, del 55,2 % y en girasol, del 49 %.

Los precios

   “El índice reconoce rindes menores que en otras campañas”, sostuvo Miazzo.

   “El trigo se vio muy afectado por la sequía y, por las proyecciones climáticas, se espera que el maíz y la soja también se vean perjudicados. Este dato se verá reflejado en la próxima medición en marzo”, contó Miazzo. 

 En cuanto a precios, respecto a diciembre del año 2019, el precio FOB de la soja ha mejorado un 35 %; el del maíz, 31 % y el trigo 28, %.

   “Esto también trajo incrementos de los precios en el mercado interno”, dijo Miazzo.

Origen e impuestos

   El Lic. Miazzo señaló que en el informe de la institución siempre se remarca el tema del federalismo.

   “Pero en un esquema fiscal como este, donde se muestra que más de la mitad de los impuestos los recauda el Estado Nacional, no se distribuyen luego entre las provincias, cuando se trata de una actividad como la agrícola, que está presente en todo el territorio argentino”, explicó.

   “Esto afecta de manera negativa al federalismo por tres cuestiones”, sostuvo.

   “La primera es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda es que caen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias y la tercera es vía los recursos que salen de las regiones productivas, en el marco de la suba de derechos de exportación”, indicó.

   El 59,2 % de participación del Estado está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. 

Los impuestos no coparticipables son el 61 % del total que afronta una hectárea agrícola en la Argentina. En esta categoría se encuentran —principalmente— los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

   Los coparticipables entre el Estado Nacional y las provincias son el 34 %, con —principalmente— el impuesto a las Ganancias y el IVA.

   Las provincias reciben parte de este 34 % a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Este índice considera el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con ciertas consideraciones metodológicas, ya que en algunas provincias la actividad está exenta.

   Se concluye en que los impuestos provinciales representan el 4,5 % de los impuestos totales.

   Por último, los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5 % del índice FADA promedio nacional. 

 Este indicador no incorpora el impuesto a la riqueza que, en algunos casos, puede incrementar la carga tributaria sobre el productor.

   “A modo de ejemplo, de acuerdo con la valuación fiscal vigente en la provincia de Córdoba, campos de 800 hectáreas en Río Cuarto y campos de 550 hectáreas en Marcos Juárez, alcanzan el umbral mínimo para pagar el impuesto a la riqueza”, explicó.

   Aunque aclaró: “Claro que al valor fiscal de los campos hay que incorporarle maquinaria y vehículos”.

Indices provinciales

   Mientras el índice FADA nacional es de 59,2 %, Córdoba registra un 58,7 %; Buenos Aires, 60,7 %; Santa Fe, 58,4 %; La Pampa, 58,7 %; Entre Ríos, 62,3 % y San Luis, 57,1 %.

   Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes.

   También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia.

   “Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, afirmó Miazzo.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos.

   En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1 % en los casos de Buenos Aires y San Luis; 0,75 % en Entre Ríos y 0,5 % en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

   Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no poseen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

El tipo de cambio

   En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 36 %. Y, en los últimos 3 meses, se incrementó un 7,9%.

   “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras para proteger la competitividad cambiaria, aunque, en contextos de brecha cambiaria cercana al 100 %, estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden vigencia”, analizó Miazzo.

“Si consideramos en ese esquema al costo de la tierra, ese número asciende al 68 %. En el caso del maíz, los costos dolarizados son el 59 %; si tenemos en cuenta ahí la tierra, llega al 67 %”, determinó.

   Muchos costos en pesos también guardan relación con el dólar: por la transmisión de la devaluación a los precios y porque muchos componentes pesificados están ligados al precio del dólar.

   “Es el caso del combustible, las labores, el valor de los camiones y maquinaria, son todos insumos que varían en relación al tipo de cambio. En el último año, el valor del gasoil evolucionó por debajo de la inflación y el dólar, lo que ha colaborado a mantener con actualizaciones bajas los costos de flete y labores”, agregó.

   Para profundizar, en el estudio se analizan los costos involucrados —por ejemplo— en una hectárea de maíz.

Se resaltan dos puntos: el primero, los gastos de fobbing representan entre el 10 % y el 13 %. El segundo punto son los fletes, donde se puede ver cómo se incrementa el costo a medida que se aleja de los puertos.

   En el caso del maíz, el flete representa el 17 % de los costos en la provincia de Buenos Aires; en Córdoba, el 17 %; en San Luis, el 19 %; en La Pampa, el 16 % y, en Entre Ríos, el 13 %. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 11 %.

   Entre fobbing y flete suman entre el 23 % y el 30 % de los costos de una hectárea de maíz, sin considerar el costo de la tierra. Si se le suma la comercialización, los tres ítems suman entre el 30 % y el 37 %.

La brecha y el cepo cambiario

   ¿De qué se trata? El cepo cambiario es una restricción al acceso al tipo de cambio oficial. Una de sus consecuencias es el crecimiento de la brecha cambiaria: un tipo de cambio oficial de $ 82; un dólar bolsa de alrededor de $ 147 y un blue de $ 160; es decir, una brecha cercana al 100 %.

“En el sector agropecuario genera dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar; por otro lado, incentivos a stockearse de bienes dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios”, comentó Miazzo.

   El endurecimiento del cepo, además, limita la entrada de divisas e impulsa mayores importaciones.

   Lo mismo sucede cuando se aplica a empresas y se limita que accedan al tipo de cambio oficial para saldar deudas en dólares. “Esto genera mayor riesgo en estas empresas y menores posibilidades de ingreso de dólares por créditos corporativos. Por esto se dice que el cepo limita la pérdida de dólares de las reservas, pero también inhibe cualquier oportunidad de ingreso de dólares”, aseguró el economista jefe de la FADA.