La obra consiste en la reconstrucción y adecuación de la E.T.132/33/13.2 KV Guatraché. Se proyecta el reemplazo total del equipamiento en 132kV en playa, se construirá una nueva sala de celdas para alojar nuevo equipamiento de potencia en 33kV y 13,2 kV, incluye también la provisión de un nuevo transformador 132/33/13,2kV de 30/30/10 MVA (megavatios) de potencia, con todo el equipamiento de comunicaciones, protecciones y mediciones y servicios auxiliares nuevos y de última tecnología.

La obra incluye, además, la vinculación por fibra óptica en el tramo entre la ET de Guatraché y la ET de General Acha, mejorando la conectividad en el telecontrol, comunicaciones, protecciones y mediciones del sistema interconectado provincial. Para lo cual se contó con un presupuesto oficial total de $ 597.114.335,11 (junio 2020) y dispone de un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Estuvieron presentes el intendente de la localidad, Sergio Arrese; Matías Toso, secretario de Energía y Minería; Cristian Javier Andrés, administrador Provincial de  Energía de APE; Luciano González, gerente técnico; y los representantes de las empresas oferentes que se presentaron a la licitación.

“Esta obra que se desarrollará en Guatraché y zona de influencia abastece a nueve localidades. Es una obra que necesitamos todos para mejorar la calidad de servicio. El estar hoy aquí abriendo los sobres en la localidad donde se va a ejecutar ésta licitación, fortalece la federalización de la gestión”, destacó Cristian Andrés.

En esta oportunidad, se presentaron cinco ofertas y tras la apertura de los sobres A y B del pliego licitatorio se desestimaron tres por no ajustarse a los requisitos mínimos exigidos para la presente licitación. En consecuencia las ofertas que serán evaluadas por la Comisión de Preadjudicación son las de las empresas Ecop Construcciones SRL – Proobra S.A. (UT) y la empresa Proyectos y Obras Americanas S.A. – Napal y Muñoz S.A. (UT) que cotizaron la oferta básica para la ejecución de los trabajos en $878.946.910,27 y $818.877.822,25 respectivamente, mientras que para la oferta alternativa obligatoria (con 15% de anticipo financiero) cotizaron $839.581.800,56 y $754.726.246,54 respectivamente. Es decir, alrededor de 9 millones de dólares.

El incendio de la estación transformadora sigue generando polémica. A mediados de 2021, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), con dos resoluciones, recomendó a la Secretaría de Energía que eche a otros dos empleados de planta, Martín Fontanillo y Daniel Juárez. Fontanillo, incluso, había quedado a cargo de APE cuando lo echaron a Gonzalo Marcos (por su responsabilidad política y corrido de toda responsabilidad directa por la fiscalía).

La caída de un rayo destruyó en la madrugada del viernes el 9 de noviembre de 2018 las instalaciones dependientes de la APE.

El fuego se inició luego de que los “servicios auxiliares” de corriente continua -que trabajan con baterías de 110 voltios- no funcionaran y así no se permitió la activación de los diagramas de seguridad. La descarga fue despejada por las protecciones de respaldo en 132 kV aguas arriba. Por este motivo la falla siguió alimentándose durante 6 minutos, lo que produjo el incendio de la barra de 13,2 kV, la avería de los dos transformadores de potencia, equipos de maniobra, cables de potencia y circuitos de comando.

Las roturas que causó el fenómeno climático fueron totales, al punto que sólo quedaron a salvo las cuatro paredes externas del edificio.

Según la investigación del fiscal Juan Carlos Carola, el 3 de noviembre de 2018, es decir casi una semana antes del incendio, ocurrieron “perturbaciones” en las líneas Guatraché – Pigüé y General Acha – Guatraché, que si bien no tienen relación entre ellas, “pusieron de manifiesto fallas en el sistema de servicios auxiliares, en la parte de corriente continua y en el rectificador cargador” de la ET.

Recién tres días después, el 6 de noviembre, el personal de Telecontrol realizó trabajos de revisión y verificación de los circuitos de señalización y los comandos de corriente continua y la revisión del banco de baterías. Esos trabajadores detectaron que algunas de las baterías se encontraban próximas a su vida útil, de 20 años. Así, iniciaron la tramitación del sistema de licitación para el recambio del banco de baterías.

El entonces jefe de Servicios Auxiliares, Daniel Juárez, no consignó expresamente en el parte diario de novedades la necesidad de cambiar las baterías.

Sin embargo, quedó acreditado que Fontanillo estaba al tanto. Incluso por constancias de pedidos de cotización de baterías a un proveedor.

¿Por qué no compraron las baterías inmediatamente? Los trabajadores pretendían comprar baterías de autos en Guatraché, pero no los dejaron: Fontanillo no los autorizó porque prefirió pedir a un proveedor baterías originales, según se indican en las resoluciones del fiscal.

Un rayo, finalmente, provocó el incendio el 9 de noviembre. La destrucción fue total.

Posteriormente, el 16 de noviembre, se emitió la orden de compra de “10 Baterías 12×75 Free y 20 Terminal emergencia naftero”. “Es decir, que gestionaron la compra con posterioridad al incendio, cuando debieron hacerlo inmediatamente al tomar conocimiento del mal funcionamiento el día 3 de noviembre de 2018”, sostuvo el fiscal.

Un perito sostuvo que, desde el punto de vista de la actuación del personal técnico de la APE, la misma fue correcta, y que si bien el ingeniero Gonzalo Marcos (NdeR: entonces titular de la APE) había tenido que renunciar no había sido el culpable directo de la perturbación ocurrida, sino “la mancomunión de fenómenos atmosféricos (descargas eléctricas sumamente importantes) y fallas en el sistema de servicios auxiliares que no permitieron la actuación de las protecciones en el tiempo adecuado”.

“Si pretendemos encontrar un responsable en el organigrama de APE -agregó- sería el Ing. Daniel Juárez, quien tenía a su cargo el mantenimiento de Servicios Auxiliares”.

Entre otros problemas, en la estación encontró “faltas de equipamiento de vieja data, como carencia de aire acondicionado en la sala de baterías y rectificador cargador y falta de enlace de varios parámetros que a través del Sistema Scada permita visualizar permanentemente los mismos al personal que opera el Telecontrol en el Centro de Operaciones del Sistema Interconectado Provincial y que hubiera evitado o al menos manifestado la falla en el sistema de Servicios Auxiliares con anticipación”.

El fiscal acusó a Juárez no concurrir a Guatraché con la premura que ameritaba. Según dijo, el primer fallo fue el sábado 3 y recién viajó el martes 6; expresó que ante la comprobación de que efectivamente existía una falla, no gestionó una solución inmediata aunque la misma implicara ser provisoria; no realizó la compra urgente de baterías provisorias; no informó el martes 6 las novedades a fin de su registración en el parte diario correspondiente; y no dio aviso formal y fehaciente a sus superiores (lo hizo vía telefónica pero sin asentar la falla en un parte diario).

En su defensa, el ingeniero dijo que había viajado con la inmediatez que las circunstancias ameritaban y que la propia burocracia le permitía, dado que trabajaba de lunes a viernes en horario de administración pública en Santa Rosa y no gozaba de adicional por turno rotativo y que, además, necesitaba un permiso de viático. Incluso agregó que la concurrencia a la ET de Guatraché no ameritaba ninguna premura, puesto que “con las comunicaciones telefónicas y virtuales (…) habían sido suficientes para determinar que existía un problema en el banco de baterías y que era necesario su recambio”.

En cuanto a la demora en la compra de las baterías, también la adjudicó a cuestiones burocráticas, como la necesidad de contar con autorización para realizar compras.

Para la FIA nada de eso le quita la responsabilidad. De hecho, aseguraron que no pidió permiso de viático para el viaje del martes 6 y que la compra de las baterías, una vez ocurrido el incendio la realizó él mismo a un proveedor de Santa Rosa.

La FIA también le apuntó a Fontanillo, superior a Juárez. “Independientemente de la responsabilidad personal del agente que no informó ni registró las novedades en el parte diario, (Fontanillo) como Gerente de Explotación estaba en conocimiento de la situación. Lo que implicaba que debía tomar las medidas que su cargo le imponen, y dar una solución efectiva y adecuada en relación a la importancia del equipamiento que se encontraba con desperfectos”, sostuvo el fiscal en su resolución. Fuente Diario Textual