La Justicia penal sigue avanzando con la causa de las facturas truchas. Hasta el momento, como ha adelantado Diario Textual, los investigadores han detectado irregularidades en 10 comisiones de fomento. Ahora, este diario accedió a los montos totales reclamados a cada pueblo.

La denuncia las viene realizando, en tandas, el Tribunal de Cuentas. Hay irregularidades por18.466.765,71 pesos. A cada pueblo se le imputa  los siguientes montos, según dijeron este lunes fuentes oficiales: 

Rucanelo:                    3.558.893,6

Loventuel:                  7.020.393,69

La Reforma:                   660.475

Perú:                               633.700

Unanue:                        4.959.284,29

Limay Mahuida:              237.615

Chacharramendi:         783.094,13

Van Praet:                    580.065

Santa María:                 16.745

Relmo:                           16.500 

Las situaciones más escandalosas se registran en Loventuel, donde reclaman 7 millones de pesos. Le sigue Unanue, con 4,9 millones, y Rucanelo, con 3,5 millones. Ahí, los investigadores creen que habría una maquinaria para defraudar al Estado.

En la otra punta, se han detectado inconsistencias con bajos valores en Santa María y Relmo, con 16.754 y 16.500 pesos, respectivamente. En estos dos últimos casos, podría tratarse de inconsistencias administrativas que no estarían, igual, exentas de responsabilidades penales.

En la primera comisión de fomento donde se detectaron facturas truchas fue Unanue, en 2017. Y este año se sumaron Rucanelo, La Reforma, Perú y Loventuel. Esas cinco, por un monto de casi 14 millones de pesos. Hace dos semanas, el TdeC sumó a otras cinco -Van Praet, Chacharramendi, Limay Mahuida, Santa María y Relmo- por un monto total de 4 millones de pesos.

Los presidentes de las comisiones de fomento, más los secretarios y secretarias tesoreras, están acusados del delito de peculado y uso de instumento privado falso. 

Según el fiscal Guillermo Sancho, están acusados de apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado por parte del funcionario público encargado de su control o custodia.

¿Cómo era, en su mayoría, la maniobra? Entregar facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión. La gran mayoría de los proveedores desconocieron haber prestado servicios porque usaron fotocopias de las facturas originales. En otros casos el nombre del proveedor se asociaba a un CUIT o actividades que no le correspondían. Fuente Diario Textual