Reclaman la reapertura de la paritaria, cerrada por el gobierno de Daniel Scioli en un 22 por ciento. FEB y Suteba repudiaron una posible denuncia penal contra sus dirigentes. Los docentes bonaerenses anticiparon que el martes decidirán si realizarán nuevas medidas de fuerza y repudiaron la posible denuncia penal que presentaran legisladores de la provincia contra los dirigentes del Frente Gremial Docente Bonaerense, Roberto Baradel y Mirta Petrocini.  Con sendos comunicados, el Sindicato Unico de Trabajadores Estatales de Buenos Aires (Suteba) y la Federación de Educadores Bonarenses (FEB) salieron al cruce del anuncio realizado por el senador bonaerense Guido Lorenzino, quien había advertido que denunciará el martes próximo a ambos dirigentes "por coacción, extorsión a 4 millones y medio de alumnos y sus familias que las tienen de rehenes". "Estas prácticas autoritarias son continuidad de las ya realizadas por el Ministerio de Trabajo a principios de esta semana que constituyen un ataque a garantías constitucionales como el ejercicio del derecho a huelga", expresaron desde Suteba.  Por su parte, la FEB advirtió: "Que se nos denuncie por encabezar una lucha que  afecta a miles de trabajadores no nos desprestigia. Ni piensen que con este tipo de artimañas van hacernos retroceder y  van a hacerle bajar los brazos a los docentes bonaerenses". Desde los gremios advirtieron que "desde el lunes comienzan las asambleas en todos los distritos de la provincia y el martes harán un Congreso" en el que evaluarán las medidas de lucha. Con la paritaria cerrada por decreto en un 22 por ciento, los docentes reclaman su reapertura. La propia Petrocini indicó que "el 100 por ciento de los docentes está preocupado por llegar a fin de mes, no por cuestiones políticas".  Desde Suteba opinaron que "el gobierno debería abocarse a resolver la crisis y el caos sin antecedente del sistema educativo bonaerense", y detallaron los puntos que, a su criterio, debe resolverse: "La falta de resolución de conflicto salarial; los miles de docentes que cada mes no cobran su salario; el vaciamiento de la Obra Social por la práctica ilegal del gobierno de no realizar los aportes al IOMA; el estado deplorable de los edificios escolares que significan situaciones de riesgo para docentes y alumnos; el maltrato en las prestatarias; recorte de cupos en comedores escolares y reiteradas suspensiones del transporte escolar".