12 de septiembre de 2018
La Pampa adhirió al protocolo nacional de aborto no punible
En la provincia no se respetaba el fallo de la Corte y la jefa de toconoginecología del Molas presentó una declaración de objeción de conciencia. El subsecretario Gustavo Vera confirmó que se firmó una resolución para modificar el alcance del protocolo provincial y ahora se amplió la práctica a todos los establecimientos de salud pública.

En la provincia no se respetaba el fallo de la Corte y la jefa de toconoginecología del Molas presentó una declaración de objeción de conciencia. El subsecretario Gustavo Vera confirmó que se firmó una resolución para modificar el alcance del protocolo provincial y ahora se amplió la práctica a todos los establecimientos de salud pública.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de una resolución ministerial, modificó el alcance del protocolo provincial sobre aborto no punible que ahora se ajusta a la normativa nacional y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012. La novedad fue confirmada a El Diario por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera.

De esta manera, en la provincia se amplió la práctica de interrupciones legales de embarazos según lo previsto en el Código Penal a todos los centros de salud de la provincia. El decreto original de hace 6 años restringía esas prácticas a profesionales de hospitales públicos.

En rigor, en la provincia el acceso a las ILE (interrupción legal del embarazo) se veía dificultado por la normativa creada por el gobierno de Oscar Mario Jorge en 2012 y por decisiones de los responsables del servicio de salud pública. El Diario dio a conocer en su edición de este sábado que la jefa del servicio de tocoginecología del Hospital Lucio Molas, Carolina Illanes, había presentado una declaración de objeción de conciencia y por ende las prácticas se volvían cada vez más restringidas.

El fallo de la Corte en 2012 precisó que el aborto es no punible en casos de embarazo por violaciones cometidas sobre cualquier mujer (el Código Penal habla de víctimas con discapacidad mental), y además indicó que no es necesario recurrir a la Justicia para su realización. Lo mismo cuando corre riesgo la vida de la mujer, y sin establecer límites en las semanas de embarazo para llevar la práctica adelante.

La normativa provincial limitaba las prácticas a los profesionales en los niveles 4, 6 y 8 de Salud Pública. “Por la experiencia de estos cuatro años adaptamos la resolución ministerial, que es para que todos los efectores de la provincia puedan trabajar en la temática”, detalló Vera.

“Nos ajustamos a lo que dice la ley, y lo que dice el fallo de la Corte Suprema. En definitiva, lo adaptamos y ahora lo va a trabajar toda la provincia. Después depende de cada profesional o del personal si tienen objeción de conciencia, pero no del servicio. Tienen que garantizar que la paciente sea atendida. Alguien la tiene que atender”, remarcó Vera.

La resolución fue firmada el miércoles por el ministro Mario Kohan. “Fue una resolución que se tomó después de estudiarla durante cuatro meses con los equipos técnicos, y por el debate que se da a nivel nacional. Además veíamos que se hacía un cuello de botella en uno o dos hospitales”, detalló Vera.

El caso Illanes

Sobre la objeción de conciencia de la jefa de tocoginecología, Vera dijo que desconocía la información. “Me llegó la versión de ustedes, nada más. A mi, en la subsecretaría, no me llegó nada. El lunes nos enteraremos y veremos si es así”, afirmó.

De todas formas, el funcionario dijo que en salud pública “hay profesionales nuevos” y con la modificación del protocolo “ahora lo va a trabajar toda la provincia, esto lo puede trabajar cualquier médico”.

“Si bien me entero por los medios, no podemos decir nada sobre la objeción de conciencia. Si el personal tiene objeción de conciencia veremos como lo manejaremos. Pero el servicio no lo puede tener, hay que buscar otra herramienta para atender a la paciente. Hay que garantizar la atención y atenderla dentro de lo que diga la ley”, remarcó, e insistió: “la objeción se tiene que respetar, pero el servicio se tiene que garantizar. Veremos la forma de articularlo respetando al profesional”.

Vera, además, negó que las ILE que se venían realizando en salud pública estuvieran limitadas a un máximo de 14 semanas de embarazo. “No es lo que dice el decreto del protocolo provincial ni la ley ni el fallo de la Corte”, apuntó.

-No se hablaba de semanas en el decreto, pero si se aplica ese criterio en el Molas y el Centeno.
-Nosotros vamos a lo que dice la ley. Se cumple lo que dice la ley. Nunca hablamos de 14 semanas para las ILE. Algunas provincias pusieron ese tiempo. Pero en el decreto que había firmado Jorge, no.

Fuente, foto: El Diario de La Pampa



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