El Ministerio Público de la Defensa informó que aumentó fuertemente, desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal de La Pampa, el número de personas encarceladas. La tasa de encarcelamiento en La Pampa creció en un 65,72 respecto de la de 2011. Hay un uso excesivo de la prisión preventiva.
En un informe del año 2012, el ministerio proyectaba con llamativa aproximación el aumento preocupante de la población reclusa que se verifica en la actualidad. "En esa oportunidad, asumíamos que, de mantenerse el mismo en aquellos niveles de incremento sostenido, para 2016 el índice rondaría en un 58, 36%. Esa cifra terminó siendo casi exacta, aunque se vio superada", informó el organismo.

Ahora los tribunales pampeanos, incluyendo los del fuero federal, tienen bajo su responsabilidad un total de 585 personas privadas de libertad. De ellos, 464 corresponden a los tribunales del fuero ordinario y 330 se encuentra alojadas en alcaidías locales y comisarias, lo que permite establecer el número aproximado de prisiones preventivas.

Así, de una población total de 318.951 habitantes, podemos contar 183,41 presos por cada 100 mil habitantes. La media mundial es de 144 y la nacional de 161,85, según el informe del SNEEP 2015. Lejos queda una tasa menor a 60 presos cada 100.000 habitantes de principio de siglo.

"De una impresión inicial de estos datos, es posible determinar un aumento sostenido del encarcelamiento y un uso excesivo de la prisión preventiva", expresó. "Esto, opera como correlato de la crisis socioeconómica y cultural que atraviesa nuestro país. Y se traduce en decisiones que obvian la aplicación de medidas alternativas, propias de un sistema restaurativo de los conflictos, y menos lesivas de los DDHH de las personas en conflicto con la ley penal".

En materia de niños y niñas en conflicto con la ley penal, ocurre lo contario. "En 2011 había 9 adolescentes en el IPESA. Una década y media antes, la población de adolescentes privada de libertad alcanzaba a 36 niñas y niños. Hoy la cifra es de solamente de uno, lo que revelaría, en principio, una adecuación de las autoridades del área a los nuevos paradigmas en materia de Derechos de niñas y niños", dijo.

"La profundización de estas proyecciones permitiría conocer un extremo de indudable importancia a la hora de proyectar o implementar políticas públicas y reformas legislativas futuras que, problematizando los datos, ofrezcan estrategias consistentes de prevención de conflictos y, en su caso, salidas humanizadas que contradigan las tradicionales formas del sistema punitivo", finalizó. Fuente Diario Textual