La crisis financiera empujar la decisión reclamado por los jefe comunales.  

Pretende eliminar la obligación de destinar el 70% a las obras  de infraestructura.

El proyecto pide la modificación del Artículo 3º de la Ley Nº 2392 por el cual se fijaron los parámetros mínimos y máximos de aplicación de los fondos distribuidos a las Municipalidades y Comisiones de Fomento surgidos de las regalías hidrocarburíferas.

La legislación actual establece en relación a los recursos indicados en el artículo 1º de la Ley, una asignación específica para la aplicación de los fondos coparticipados, que se asignan a los Municipios y Comisiones de Fomento con origen en regalías hidocarburíferas, el 70% como mínimo, para inversiones de capital, obras de infraestructura y/o emprendimientos productivos y del 30%, como máximo, en erogaciones corrientes.

En la nota, el gobernador explica que en la reunión mantenida el 29 de marzo entre casi la totalidad de los mandatarios municipales, los mandatarios se manifestaron en forma favorable a la modificación de los parámetros que actualmente rigen para la aplicación de los fondos, motivado en las dificultades de funcionamiento que les generaban la adquisición de nuevos equipamientos para la prestación de servicios públicos, referido fundamentalmente a los gastos corrientes que significan principalmente el mantenimiento y combustible, como así otros motivos que este Poder Ejecutivo comparte y por ello envía el proyecto de Ley.

“Es por ese motivo que se considera razonable que, sean los propios Concejos Deliberantes quienes determinen en cada caso los parámetros de afectación de esos fondos que son agotables en el tiempo debido al origen no renovables de su fuente u origen”, dice el comunicado del gobernador Carlos Verna.

Nueva redacción

En este proyecto de Ley, el artículo 3º quedará redactado de la siguiente manera: “los Municipios deberán destinar las sumas coparticipadas, para inversiones de capital, obras de infraestructura y/o emprendimientos productivos, o en erogaciones corrientes de acuerdo a los parámetros que fije anualmente el Concejo Deliberante de cada Municipio. Para las Comisiones de Fomento, los parámetros serán determinados por el Poder Ejecutivo”.